El 2 de septiembre, el presidente Jair Bolsonaro vetó parcialmente una ley que deroga la Ley de Seguridad Nacional de la dictadura y tipifica en el Código Penal los delitos contra el estado de derecho democrático, entre ellos los crímenes contra la ciudadanía y la libertad de reunión. El proyecto había sido sancionado por el Congreso el pasado 10 de agosto.

El título que la nueva ley incorpora al Código Penal incluye cuatro capítulos que sancionan los crímenes contra la soberanía nacional, contra las instituciones democráticas, contra el funcionamiento de las instituciones en el proceso electoral y contra el funcionamiento de servicios esenciales. También deroga un artículo de la Ley de Contravenciones Penales que se ocupaba de los delitos contra el orden público. Entre los artículos vetados se destacan tres puntos.

En primer lugar, el que establecía una pena de hasta 12 años de prisión por el delito de impedir, mediante violencia o amenaza grave, el ejercicio libre y pacífico de la manifestación de partidos políticos, movimientos sociales, sindicatos, órganos de clase u otros grupos políticos, asociativos, étnicos, raciales, culturales o religiosos. El decreto alude a la dificultad para caracterizar las manifestaciones pacíficas y advierte que “imposibilitaría el control eficiente de los excesos en tiempos de grave inestabilidad, dado que las manifestaciones inicialmente pacíficas podrían derivar en acciones violentas que deben ser reprimidas por el Estado”.

En segundo término, el que preveía penas de hasta cinco años de prisión para quien cometiera el delito de “comunicación masiva engañosa” que puedan comprometer el proceso electoral. Se argumenta aquí que el artículo aprobado por el Congreso atenta contra el interés público “al no dejar claro qué conducta sería objeto de criminalización” y si alcanzaría también a quienes comparten noticias falsas, razón por la cual podría llegar a inhibir o limitar el debate de ideas. Cabe recordar que el propio Jair Bolsonaro está siendo investigado por el Supremo Tribunal Federal por presunta difusión de noticias falsas. 

Finalmente, el que preveía el agravamiento de las penas previstas frente a delitos contra el estado de derecho, cuando estos hayan sido cometidos por funcionarios públicos.  

La primera versión del proyecto había sido presentada 20 años atrás, en 1991, por un diputado del Partido de los Trabajadores (PT). El debate se interrumpió entre 2003 y 2007, y terminó prolongándose hasta que la Cámara de Diputados lo aprobó en mayo de este año. En el Senado la relatoría estuvo a cargo de Rogério Carvalho, también del PT, quien rechazó las enmiendas propuestas por considerar que alteraban sustantivamente el texto.