El 28 de julio la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo aprobó con 72 votos la cancelación de la personalidad jurídica de 24 organizaciones de la sociedad civil (OSC). La medida había sido solicitada por el Ministerio de Gobernación bajo el argumento de que esas OSC estaban incumpliendo la Ley General Sobre Personas Jurídicas Sin Fines de Lucro al no reportar al ente regulador sus estados financieros. Sin embargo, desde la sociedad civil y la oposición se denunció un intento de acallar voces disidentes respecto al manejo de la pandemia de COVID-19. El 3 de agosto se publicó, a través de La Gaceta, el decreto que promulga la cancelación de la personalidad jurídica.

En efecto, 20 de las 24 entidades afectadas son organizaciones médicas que habían denunciado la falta de equipamiento, las demoras en el proceso de vacunación y la difusión de información oficial falsa sobre el número de contagios y muertes. Entre ellas, se cuentan la Asociación Acción Internacional por la Salud Nicaragua y la Asociación Sociedad Nicaragüense de Medicina General. 

También se denunció que el Ministerio de Salud citó a médicos independientes, quienes fueron amenazados con el retiro de su licencia profesional y acciones penales por violación de la Ley Especial de Ciberdelitos por cuestionar la información oficial sobre la situación sanitaria. Esta ley sanciona a aquellos que comparten información considerada amenazante para el gobierno, incluyendo mensajes en redes sociales.

Tras la aprobación de la medida, la Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG emitió un comunicado donde asegura que “existe una estrategia política partidaria para amedrentar” a las organizaciones de la sociedad civil y silenciar las críticas al manejo gubernamental de la pandemia. El hostigamiento y la intimidación al personal médico también ha sido denunciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que demandó su cese inmediato.