Los avances tecnológicos han demostrado, en múltiples oportunidades, sus beneficios para fortalecer procesos de transparencia y participación ciudadana. Sin embargo, en los últimos tiempos hemos visto cómo son utilizados para profundizar los mecanismos de control estatal. Las revelaciones recientes del Proyecto Pegasus lo dejaron al descubierto.

En julio de 2021, una investigación periodística internacional dio a conocer el abuso perpetrado por al menos 11 gobiernos mediante un software de inteligencia -Pegasus- para la cibervigilancia de periodistas, personas defensoras de derechos humanos y opositores políticos, entre otros. 

La investigación tuvo lugar bajo la coordinación de Forbidden Stories y el apoyo de Amnistía Internacional, e involucró a más de 80 periodistas provenientes de 17 medios de comunicación ubicados en 10 países. Los principales hallazgos evidenciaron que gobiernos de países como Arabia Saudita, Azerbaiyán y México contrataron el software Pegasus, de la empresa israelí NSO Group, para infiltrar teléfonos y extraer información, mensajes, ubicación y material audiovisual. 

Este no es un caso aislado, pero confirma la complejidad de las amenazas que hoy se ciernen sobre el espacio cívico, fundamentalmente en las democracias más frágiles. En palabras de Danna Ingleton, Directora Adjunta de Amnesty Tech, “a consecuencia de estos ataques, activistas, periodistas y figuras políticas de todo del mundo corren el peligro de que se vigile su paradero y se utilice su información personal en su contra.” 

En pleno siglo XXI, la ampliación y democratización de los espacios de debate público, como las redes sociales por ejemplo, han permitido que cada vez más personas puedan acceder a información pública y participar activamente en los debates públicos. Sin embargo, la visibilidad que otorgan esas plataformas también se ha convertido en un instrumento para el ejercicio de la censura y la vigilancia. 

México: espionaje ilegal en el país más peligroso para los periodistas 

México fue el único país latinoamericano incluido entre los principales hallazgos del Proyecto Pegasus. De acuerdo con la investigación, el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) habría registrado los celulares de al menos 15 mil personas a través de Pegasus, incluidos los de al menos 25 periodistas. 

Según informa el medio digital mexicano Proceso, “tres agencias federales de seguridad operaron la plataforma Pegasus durante el sexenio de Peña Nieto: el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).” De esta forma, habrían intervenido los teléfonos móviles de periodistas, defensores de derechos humanos, sindicalistas, gobernadores, líderes religiosos, académicos, médicos, militares, personas menores de edad y más de 700 políticos y sus familiares, principalmente de partidos de oposición. Desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, informaron a finales de julio que identificaron más de 30 contratos de servicios vinculados al NSO Group desde 2006.

Esta información resuena particularmente en el caso mexicano que, a fines de 2020, fue declarado como el país más peligroso para los periodistas por Reporteros Sin Fronteras. Durante el gobierno de Peña Nieto, la organización Artículo 19 registró 2.502 agresiones contra periodistas, incluidos 47 asesinatos, lo que representa un incremento del 129% en comparación con el gobierno de su antecesor, Felipe Calderón Hinojosa. 

Entre los periodistas que fueron víctimas de espionaje, tal vez el caso más sonado fue el de Cecilio Pineda Brito, el 2 de marzo de 2017. Pineda Brito era crítico del oficialismo priista y había recibido amenazas de muerte en numerosas ocasiones. Si bien no existe evidencia concreta que demuestre una conexión entre su inclusión en la plataforma y su asesinato, se sospecha que su ubicación de Pineda podría haber sido conseguida a través de Pegasus. 

Mirando al que espía: los casos de Argentina, Chile y República Dominicana

México hoy está en el ojo de la tormenta por los hallazgos del Proyecto Pegasus, pero se han registrado en la región otros casos de espionaje ilegal de activistas y periodistas. Con todo, es posible que la mayoría nunca lleguen a la luz pública. 

Apenas el año pasado en Argentina, la titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de Argentina, Cristina Caamaño, presentó una denuncia por presunto espionaje ilegal a unas 500 personas vinculadas al mundo político, al periodismo, organizaciones de la sociedad civil y a policías durante el gobierno del ex presidente Mauricio Macri (2015-2019). Según se detalla en la denuncia, las tareas de vigilancia – descubiertas en un disco rígido parcialmente borrado – no habían sido ordenadas ni autorizadas por un juez, sino por las autoridades del propio organismo de inteligencia que hoy se encuentra intervenido. En abril, una comisión bicameral encargada de la fiscalización de los organismos de inteligencia emitió un informe de 400 páginas en el que se concluye que hay indicios de que se trató de un plan sistemático de espionaje con conexiones con el Poder Judicial. 

Esta investigación dio el puntapié para que el Senado revirtiera un decreto de 2015 que trasladaba el manejo de las escuchas telefónicas realizadas con orden judicial a la órbita de la Corte Suprema de Justicia.  También motivó un decreto de marzo de 2020 que modifica la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional al prohibir que los organismos de inteligencia actúen como auxiliares de la justicia, realicen tareas represivas o cumplan funciones policiales. Tampoco se permite que obtengan información, produzcan inteligencia o almacenen datos personales en base a la raza, religión, opinión política, pertenencia a organizaciones o realización de actividades lícitas. 

El Congreso de Chile tiene en agenda desde finales de 2018 un proyecto de reforma del sistema nacional de inteligencia impulsado por el gobierno de Sebastián Piñera al calor de las protestas masivas. La propuesta llegó a obtener media sanción del Senado en enero de 2020, pero se trabó en Diputados, posiblemente por los cuestionamientos planteados por la sociedad civil y distintas figuras del arco político. Desde entonces, el Poder Ejecutivo ha insistido formalmente para que el proyecto sea tratado con urgencia.

Las críticas apuntan a que, detrás del argumento de modernización del sistema de inteligencia, se está instalando una agenda de “militarización” de la seguridad pública. El presidente de la Comisión de Defensa Nacional, diputado Jorge Brito, se hizo eco de las preocupaciones al afirmar que se está proponiendo un sistema de inteligencia sin un adecuado mecanismo de control por parte de los poderes del Estado. 

En la República Dominicana, el presidente Luis Abinader presentó el 22 de junio un proyecto de ley para modificar la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI), agencia que ha sido objeto de denuncias por excesos y violación de derechos humanos. Entre ellos, la intervención de teléfonos, la tortura de opositores y el asesinato de un periodista. 

Lo que se propone es que todos los organismos de inteligencia sean subsumidos en una dirección bajo la órbita de la presidencia, eliminando así las unidades de inteligencia militar. Desde el Ejecutivo, se ha planteado que el objetivo es modernizar el marco legal para dotar a las entidades con herramientas que permitan la lucha contra el crimen sin desmedro de los derechos y garantías ciudadanas. 

Otras amenazas al derecho a la privacidad: el acceso y uso de datos privados

Más allá de los debates vinculados a la operación de los servicios de inteligencia, en los últimos tiempos hemos visto otro tipo de regulaciones que vulneran el derecho a la privacidad de la ciudadanía. 

Por ejemplo, en abril de 2020, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, obligó a las compañías de telefonía fija y móvil a compartir los datos de sus clientes para apoyar la producción de estadísticas oficiales en el contexto de la pandemia. Ante la falta de garantías legales en materia de protección de datos, el 7 de mayo, el Supremo Tribunal Federal suspendió la medida por violar las garantías constitucionales a la protección de la  intimidad, la vida privada y la imagen de las personas. 

En su fallo, los miembros del Tribunal observaron que, aunque la situación de calamidad pública requería medidas excepcionales por parte del Estado, no era posible realizar una transferencia indiscriminada de datos personales. La medida provisoria se sumó en su momento a la decisión de aplazar hasta 2021 la entrada en vigencia de la Ley General de Protección de Datos Personales que obliga a las empresas y a los organismos estatales a seguir ciertos principios en el uso de la información de la ciudadanía.

Una discusión similar se está desarrollando en México a raíz de un decreto legislativo, promulgado por el presidente Andrés Manuel López Obrador por el cual se crea un Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil; en otros términos, una base de datos con información personal que se utilizará para combatir delitos, como la extorsión y el secuestro. 

La entrada en vigencia del decreto fue suspendida transitoriamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en junio pasado, a raíz de dos recursos judiciales presentados por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). 

Recomendaciones para la protección del derecho a la privacidad

La Alianza por el Gobierno Abierto (Open Government Partnership, en inglés) realizó cinco recomendaciones para asegurar que las acciones estatales protejan y garanticen el efectivo ejercicio de los derechos cívicos y, en particular, el derecho a la privacidad en torno a las tecnologías de vigilancia: 

• Garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la supervisión en la adquisición y el despliegue de tecnologías de vigilancia.
• Integrar en una reforma más amplia de protección de datos disposiciones sobre la vigilancia.
• Considerar el papel de la sociedad civil y los órganos de supervisión independientes en el seguimiento y la supervisión de los organismos públicos que abordan el crimen organizado y promueven la confianza entre los ciudadanos.
• Combinar principios y declaraciones globales con reformas concretas de los países, para que no haya únicamente normativas marco sino que los países puedan promover a nivel nacional regulaciones concretas sobre sus industrias de software espías.
• Fortalecer los marcos de protección de los denunciantes que garanticen a las personas un entorno propicio para denunciar abusos sin represalias. Esta es una salvaguarda fundamental para garantizar la transparencia en el uso de tecnologías.

Si bien el derecho a la privacidad y el derecho a la libertad de expresión no son absolutos, deben ser resguardados en forma rigurosa lo que, en la era digital, supone desafíos complejos. Las tecnologías de la información y la comunicación pueden ser una herramienta de democratización, pero también pueden ser puestas al servicio del control o de la obtención de beneficios privados o sectoriales. 

En nuestros países, estos desafíos se suman a los derivados de la situación de inseguridad que viven muchos activistas sociales y periodistas. América Latina se encuentra, de hecho, en el punto más bajo en materia de libertad de expresión de la última década de acuerdo a la organización Artículo 19. También es el lugar donde ocurre la mayor parte de los asesinatos a personas defensoras de derechos humanos.