El 20 de julio, el Poder Ejecutivo presentó en el congreso dos proyectos de ley con pedido de tratamiento urgente que buscan “transformar en forma permanente” la Policía Nacional. La intención de transparentar el accionar de la policía y restaurar la legitimidad perdida luego de las denuncias por brutalidad y violaciones de los derechos humanos que vienen acumulando desde noviembre de 2019 hasta la actualidad. 

La reforma del Estatuto Disciplinario busca reconocer como “falta gravísima” aquellas acciones de los agentes policiales que “causen daño a la integridad de las personas o de los bienes como consecuencia del exceso en el uso de las armas, de la fuerza u de otros medios de coerción”. También aplica a todos aquellos registros físicos con connotación sexual. 

El Proyecto de ley Estatuto de Carrera y Profesionalización busca fortalecer las investigaciones disciplinarias sobre hechos “gravísimos” y crear un Sistema de Garantías para la Formulación, Consultas y Seguimiento Ciudadano en Materia Investigativa. Además, contempla la creación de Patrulleros de Policía y la exigencia de formación en temas de Derechos Humanos. 

Distintas organizaciones de la sociedad civil plantearon que la reforma no obedece a una revisión objetiva del accionar de ese cuerpo de seguridad ni responde a las exigencias en materia de Derechos Humanos. El Comisionado de Justicia y Paz de Colombia, por ejemplo, sostuvo que no alcanza con estas reformas, sino que hay que “generar políticas de justicia social, desmontar la mentalidad de enemigos internos, asegurar la independencia judicial, y (adoptar un paradigma de) seguridad humana y ambiental”.