El saldo de la represión policial contra las manifestaciones que sacuden a Colombia desde el 28 de abril ya supera las 50 muertes según Indepaz y la ONG Temblores, aunque el conteo oficial llega a 27. Con esto, vuelve a cobrar renovada vigencia una demanda social que viene planteándose con fuerza desde 2019: la necesidad de reformar la Policía Nacional y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). 

El año pasado, senadores de la oposición impulsaron un proyecto de ley orientado a reforzar el carácter civil de la fuerza policial que, al día de hoy, continúa bajo la órbita del Ministerio de Defensa. La iniciativa ingresó en octubre de 2020, tras las manifestaciones de septiembre de ese año, en las que perdieron la vida 7 personas y otras 200 resultaron heridas.

El proyecto plantea la necesidad de que la Policía Nacional pase a depender del Ministerio del Interior, y busca regular el uso de la fuerza y de armas letales en los procedimientos, así como establecer parámetros para el registro de personas, bienes y medios de transporte. También contempla la creación de un Sistema Nacional de Participación Ciudadana para canalizar los “distintos intereses sectoriales y regionales atinentes al servicio de Policía, el ejercicio de los derechos de la ciudadanía y a la seguridad ciudadana”.  

Apunta, de esta manera, a superar la perspectiva militar en el uso de la fuerza pública que los autores del proyecto aseguran es utilizada por los cuerpos policiales para reprimir protestas. En la misma línea, se ha cuestionado duramente el accionar del ESMAD, señalado por el uso indiscriminado de armas letales, detenciones arbitrarias y golpizas. 

Desde la sociedad civil, por otra parte, se pidió a la Corte Suprema que declare el incumplimiento por parte del gobierno de una sentencia de septiembre de 2020, a través de la cual el tribunal instó al Poder Ejecutivo a revisar el accionar de las fuerzas de seguridad en contexto de manifestaciones sociales. A esta altura, resulta claro que el protocolo aprobado por el gobierno el pasado 5 de enero en respuesta a la orden judicial, no es suficiente para garantizar la libertad de reunión pacífica y los derechos de las y los manifestantes.