El 3 de febrero, el presidente Iván Duque anunció que el Gobierno Nacional unificará bajo la Fiscalía General de la Nación (FGN) el registro de la información asociada al asesinato de líderes sociales. Esto supone que solo la FGN podrá contar con funcionarios en terreno para documentar las circunstancias y el contexto de los crímenes. 

Hasta ese momento, la recopilación de estos datos estaba a cargo de la Fiscalía General, la Procuraduría General y la Defensoría del Pueblo de manera conjunta. Pese a que Duque afirmó que esta medida va a contribuir a aumentar la eficiencia en el esclarecimiento de los crímenes y a construir indicadores con mayor grado de certeza, las entidades defensoras de derechos humanos la calificaron como  un retroceso. La Fiscalía tiene, de hecho, una menor presencia territorial que la Defensoría del Pueblo y las organizaciones sociales. 

En esta línea se pronunciaron también los congresistas opositores Ángela María Robledo (Colombia Humana) e Iván Cepeda (Polo Democrático), quienes enviaron un pedido de información al Defensor del Pueblo, Carlos Camargo. Cepeda señaló que “el anuncio pone en riesgo la autonomía e independencia de la Defensoría del Pueblo, ya que su tarea de acompañamiento y de verificación en los territorios más alejados comprende una función humanitaria invaluable”. Robledo añadió por su parte que la unificación del registro va a terminar invisibilizando la labor de las organizaciones sociales en el país. 

En su último informe de 2021 “Líderes desprotegidos y comunidades indefensas”, Human Rights Watch calificó de “lenta y deficiente” la respuesta del Gobierno para hacer frente a la violencia contra defensores de derechos humanos en el país y recomendó profundizar en la coordinación institucional a la hora de implementar políticas públicas sobre la materia. Entre 2016 y 2020, la ACNUDH registró 116 asesinatos de líderes sociales.