La Corte de Cuentas de la República (CCR), junto a organizaciones de la sociedad civil, están impulsando una serie de reformas para fortalecer el rol de la CCR como auditora de todas las entidades -públicas o privadas- que gestionen fondos estatales y en la aplicación de sanciones contra los funcionarios que obstaculicen el acceso a la información. 

Esta iniciativa surge en el marco de las controversias suscitadas por la falta de transparencia en la ejecución de los recursos por parte del Poder Ejecutivo. Entre ellas, las que rodean a la creación del Diario El Salvador, un medio oficial que al haber sido constituido como sociedad anónima, queda por fuera del sistema de control y fiscalización de la CCR. 

Como parte de estas acciones, el 3 de febrero la Asamblea decidió solicitar al Fiscal General de la República que determine “el origen de los fondos con que se están financiando herramientas mediáticas del Órgano Ejecutivo”, bajo la premisa de que la Ley de Presupuesto 2021 prohíbe  explícitamente el uso de fondos públicos para financiar, directa o indirectamente, operaciones de sociedades, empresas o entidades, que no correspondan a las funciones que les competan.

En la misma línea, la Asamblea dio ingreso el 16 de febrero a tres proyectos elaborados por la CCR junto a organizaciones de la sociedad civil, entre las cuales se cuentan la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) y Acción Ciudadana (AC). El primero amplía el ámbito de fiscalización de la Corte a actores del sector privado y otros cuando estos administren o ejecuten recursos públicos, el segundo extiende las auditorías gubernamentales a las Empresas de Economía Mixta, mientras que el tercero dispone penas de prisión para aquellos funcionarios que obstaculicen las labores de fiscalización. El entorpecimiento deliberado de las auditorías fue, de hecho, denunciado por María del Carmen Martínez, magistrada de la CCR, quien afirmó que hay entidades públicas que no permiten el ingreso de los auditores, obstaculizan el acceso a la información, la entregan incompleta o a destiempo. 

Hasta el momento, referentes de los principales partidos con representación legislativa han manifestado su apoyo a los proyectos, que ya fueron girados a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales donde comenzará su tratamiento. De todos modos, las perspectivas de sanción podrían estar condicionadas por los resultados de las elecciones del 28 de febrero que definirán la composición de la Asamblea hasta el 2024.