El 10 de febrero, y a casi un año desde su instalación, la Comisión Especial que investiga el presunto uso de información confidencial de los costarricenses por parte de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) citó al presidente Carlos Alvarado Quesada para que brinde explicaciones ante la Asamblea Legislativa. 

Durante ocho horas, el mandatario defendió la existencia de la UPAD y sostuvo que “el equipo de análisis de datos no trabajó de manera oculta, no hubo espionaje, nunca se usaron datos con fines electorales o para beneficiar a un tercero y no hubo mal uso de fondos públicos”. Sin embargo, admitió errores en la interpretación del artículo 7 del decreto de creación que hacía referencia a la posibilidad de acceder a datos confidenciales de la ciudadanía para realizar investigaciones y evaluación de políticas públicas. Cabe recordar que la reacción pública generada por esa medida provocó su derogación apenas cuatro días después de su publicación, el 17 de febrero de 2020. 

Dado que la Constitución de Costa Rica no reconoce la figura del juicio político, la actuación de la Comisión Especial Investigadora se limitará a la elaboración de un informe con recomendaciones que luego deberá ser aprobado por la Asamblea Legislativa. En paralelo, la Fiscalía de Costa Rica ordenó el mes pasado la apertura de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos decomisados de la Casa Presidencial en febrero de 2020 como parte de la investigación contra Alvarado por los presuntos delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato.