El 11 de febrero, el Ministerio de Mujer, Familia y Derechos Humanos creó un Grupo de Trabajo encargado de analizar y proponer cambios al Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH-3). Al día de hoy, no es mucha la información disponible sobre su funcionamiento, pero lo que sí se sabe es que no incluirá entre sus miembros a representantes de la sociedad civil, del poder legislativo o del judicial. 

El Grupo está integrado por 14 representantes del Poder Ejecutivo, más específicamente de las  Secretarías de Protección Global, Políticas para la Mujer, de la Familia, de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, de la Juventud, de Políticas de Promoción y Defensa de las Personas con Discapacidad, de Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas Mayores y la Secretaría Ejecutiva,  la Oficina Ministerial, la Defensoría del Pueblo de los Derechos Humanos y la oficina del Asesor Especial de Asuntos Internacionales. El Grupo podrá invitar a representantes de entidades públicas y privadas involucradas en la agenda de derechos humanos, quienes participarán de las reuniones sin derecho a voto. 

Para sumar opacidad a la cuestión, la ordenanza prohíbe la divulgación de los debates que se produzcan en el seno del Grupo antes del final de sus actividades, previsto para el 1° de noviembre de 2021. Resulta difícil no comparar este proceso con el que precedió a la aprobación del PNDH-3 en 2009. En esa oportunidad,  se realizó una Conferencia Nacional de Derechos Humanos en la que participaron 2.000 personas, 27 conferencias en todos los estados y en el Distrito Federal previas a la etapa nacional y 137 encuentros previos a las etapas estadual y distrital. 

Más de 200 organizaciones ya han pedido que se anule la ordenanza por constituir “un ataque al Estado Democrático de Derecho, a nuestra Constitución y a los Programas Nacionales de Derechos Humanos constituidos en Brasil”. En el mismo sentido, la diputada opositora Maria do Rosario Nunes (PT) presentó un proyecto de decreto legislativo para revocarla.