A 6 meses de su presentación, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional activó y aprobó un proyecto de ley del diputado Gabriel Silva (independiente) que busca minimizar las posibilidades de que se produzcan conflictos de intereses por parte de servidores públicos y, especialmente, altos cargos en el Estado. Ahora, se encuentra pendiente de su segundo debate en el pleno.

La iniciativa incluye los principios, prohibiciones, obligaciones e incompatibilidades que deben regir el servicio público. Además, faculta a la Contraloría General de la República como la entidad encargada de velar por el cumplimiento de la ley, con apoyo de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI).

Si bien la aprobación de este proyecto sería un avance en materia de transparencia y rendición de cuentas, vemos con preocupación que en lugar de plantear el carácter público de las declaraciones juradas de los funcionarios, se opte por un informe anual general a cargo de la ANTAI sobre el número de declaraciones recibidas y la nómina de infractores (artículo 29). Solo la publicación de las declaraciones juradas permitirá un control cruzado por parte de la ciudadanía.