A finales de marzo, el Ministerio de Salud de la Nación y la Secretaría de Innovación Pública lanzaron un nuevo registro de vacunación en formato de datos abiertos con información sobre la edad, género, vacuna y condición de aplicación de las personas vacunadas que antes no estaba disponible. Esta iniciativa para aumentar la transparencia surge en un contexto de reclamos por mayor información y claridad en los criterios de priorización e implementación del plan de vacunación.

Es en este marco, que la oposición está impulsando en la Cámara de Diputados dos proyectos de ley: uno sobre transparencia en la gestión, provisión y acceso a las vacunas contra el COVID-19, y otro que busca establecer lineamientos para su adquisición y distribución por parte de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El primero propone la creación de un sistema de trazabilidad y la incorporación al registro de vacunas de la información nominal de los funcionarios y funcionarias públicas que sean inmunizados/as bajo la condición de “personal estratégico”. El segundo apunta a lograr que los datos y la información vinculadas a la compra y distribución de las vacunas sean obligatoriamente publicados según lineamientos específicos. El debate está, sin embargo, condicionado por el apoyo del oficialismo que hoy resulta imprescindible para alcanzar el número mínimo de votos requeridos.