En su primera sesión plenaria, realizada el 1° de mayo, los diputados electos del bloque oficialista Nuevas Ideas y aliados aprobaron sin discusión la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y del Fiscal General, quienes fueron reemplazados por funcionarios afines al gobierno.

El 1° de mayo se dio inicio a un nuevo período de sesiones legislativas con la asunción de los 84 diputados electos. En la sesión inaugural, los 56 diputados oficialistas y aliados aprobaron la destitución de los cinco magistrados que componen la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y designaron a sus reemplazantes. Lo mismo sucedió con el Fiscal General Raúl Melara, que será sustituido en el cargo por Rodolfo Antonio Delgado. Ese mismo día, los cambios fueron promulgados en el Diario Oficial.

Los diputados oficialistas argumentaron que “los actuales magistrados de la Sala de lo Constitucional actuaron contra la Constitución, poniendo en primer lugar intereses particulares por sobre la salud y la vida de toda la población”. Estos dichos aluden a una serie de fallos de la Sala que, a mediados de 2020, impidieron la entrada en vigencia de un conjunto de decisiones del gobierno por contener suspensiones o limitaciones de derechos no avaladas por el órgano legislativo. En cuanto al Fiscal General Melara, los diputados alegaron supuestos vínculos con el partido opositor ARENA, que “ponen en tela de juicio su objetividad, independencia e imparcialidad”.

La precaria situación institucional motivó a cinco organizaciones sociales – FUSADES, FUNDE, DTJ, Futuro Abierto y TRACODA – a solicitar el pasado 5 de mayo la activación del protocolo de respuesta rápida de la Alianza de Gobierno Abierto (OGP), de la cual forma parte el gobierno de El Salvador. En respuesta, el CEO de OGP, Sanjay Pradhan, emitió un comunicado en el que advierte que esas acciones socavan el Estado de derecho y la separación de poderes e insta al gobierno salvadoreño “a trabajar con la sociedad civil y utilizar el plan de acción (de gobierno abierto) para implementar reformas democráticas que respeten el Estado de derecho, aseguren la separación de poderes y protejan el espacio cívico”.

Por otra parte, el 21 de mayo, la agencia estadounidense USAID anunció a través de un comunicado que, debido a su profunda preocupación por la destitución de los magistrados y del Fiscal General, reorientaría la asistencia dirigida la Policía Nacional Civil y el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).