La Comisión, conformada enteramente por diputados del bloque oficialista y aliados, inició sus actividades el 20 de mayo. El listado de las organizaciones que serán investigadas no se hizo público hasta el momento. Sin embargo, publicaciones de corte amenazador realizadas a través de Twitter por funcionarios y diputados hacen referencia a 24 entidades. USAID anunció que reorientará su asistencia a la sociedad civil.  

La Asamblea Legislativa aprobó la creación de una “Comisión Especial para Investigar el Destino Final de los Fondos que la Asamblea Legislativa ha Aprobado para Organizaciones, Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro” el 18 de mayo pasado. Dicha comisión está conformada por 7 diputados, todos ellos pertenecientes al bloque oficialista Nuevas Ideas y partidos aliados.

En conferencia de prensa, el diputado y autor del proyecto Ernesto Castro (Nuevas Ideas) informó que en los últimos cinco años se habían transferido a ONGs fondos públicos por $159.8 millones de dólares, cuya autorización habría pasado desapercibida por una modificación al Reglamento Interno de la Asamblea de 2013. Para marcar el tono político de la tarea, el diputado sugirió que las ONGs “podrían haber lucrado con fondos del Estado” y que, en caso de confirmarse esta sospecha, recomendarán acciones legales y penales. La cifra se eleva a $273 millones de dólares cuando se considera el período 2010-2021.

El listado de las organizaciones que serán investigadas no se hizo público hasta el momento. Sin embargo, publicaciones de corte amenazador realizadas a través de Twitter por funcionarios y diputados oficialistas como Elisa Rosales o Walter Aleman sugieren que podría incluir a Acción Ciudadana, ANEP, CEJ, Cristosal, DPLF, DTJ, Fudecen, Fespad, Fudecso, Funde, Fusades, Futuro Abierto, ICEFI, IIDC, Libres, Tracoda, UCA, Modes, Ni una menos, Mentes Jóvenes, RACDES, Youth Into Action, Tutela Legal Dra. María Julia Hernández y Salvadoreños Construyendo Memoria. 

La creación de este espacio dominado por el oficialismo y sus aliados, sumado a la falta de transparencia en el proceso de selección de sus miembros y en la agenda de actividad, suponen un grave riesgo para el desarrollo de las actividades de las ONGs en El Salvador. Las facultades que le fueron conferidas a la comisión, así como los propios dichos del diputado Castro y el apoyo del presidente Nayib Bukele, abren la puerta a su uso como un nuevo canal de acoso e intimidación de aquellas organizaciones civiles no alineadas al oficialismo. 

El 21 de mayo, USAID anunció que cesará la asistencia destinada a la Policía Nacional y el Instituto de Acceso a la Información Pública, mientras que continuará trabajando en conjunto con grupos de la sociedad civil con el objeto de “promover la transparencia, combatir la corrupción y monitorear los derechos humanos”.