El 19 de abril, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto que busca dar mayores garantías de protección al secreto profesional de los periodistas, y por extensión, al derecho de libertad de expresión. Lo hace sumando a los periodistas como sujetos amparados bajo el artículo 362 del Código Nacional de Procedimientos Penales que regula el deber de secreto profesional respecto de sus fuentes.

El diputado que impulsó el proyecto, Raúl Bonifaz (Morena-oficialismo), aclaró que se busca “la protección del periodismo libre y amplio” eliminando cualquier vía “legal o paralegal que posibilite la revelación de las fuentes periodísticas”. Esto debido a que revelar esta información significa un “obstáculo para la obtención de información”. Así el diputado asegura que se podrá eliminar la vía penal como mecanismo para “acallar al periodismo e inhibir el ejercicio de su libre profesión”. 

México sigue encabezando la lista de países latinoamericanos más peligrosos para el ejercicio de la labor periodística, según surge de la Clasificación 2021 de la Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras. En un contexto regional de deterioro generalizado para la labor de los periodistas, el país ostenta un lamentable récord de muertes violentas: a lo largo de 2020, 13 periodistas fueron asesinados, muchos de ellos mientras investigaban casos de corrupción en el país.