Resulta legítimo que un presidente respalde sus acciones frente a denuncias o acusaciones en su contra, como así también que defienda sus ideales frente a temas controversiales u opine sobre propuestas de otros actores políticos o sociales. Lo que no es válido es que, amparándose en su investidura, desvirtúe y criminalice a quienes de una manera u otra lo critican. En los últimos meses, al menos cinco presidentes estigmatizaron en forma directa la labor de las organizaciones sociales, contribuyendo de esta manera a configurar un entorno en el que las amenazas al espacio cívico se vuelven viables, política e institucionalmente.