Tras 6 años de negociaciones y a cerca de 3 su firma, el pasado 22 de abril entró en vigor el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú, firmado en septiembre de 2018 por 24 países de la región y ratificado por apenas 12. Se trata del primer acuerdo ambiental jurídicamente vinculante de la región y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Abajo se presentan algunos de sus puntos más salientes.

En materia de acceso a la información ambiental, las partes se comprometen a garantizar el derecho ciudadano a solicitar y recibir información de las autoridades sin necesidad de justificar el interés ni las razones por las cuales se solicita, y a brindarla en el formato requerido siempre que esté disponible. En particular, buscarán facilitar el acceso de las personas o grupos en situación de vulnerabilidad, estableciendo mecanismos de atención y entrega de la información que considere sus condiciones y especificidades. 

Los países también se comprometen a garantizar mecanismos de participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones, revisiones, o actualizaciones relativos a proyectos y actividades, así como en otros procesos de autorizaciones ambientales que tengan o puedan tener un impacto significativo sobre el ambiente, incluyendo a aquellos con impactos potenciales en la salud. 

Además, deberán tomar medidas para reconocer, proteger y promover los derechos de las personas que defienden los derechos humanos en asuntos ambientales, incluidos su derecho a la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión, derecho de reunión y asociación pacíficas y derecho a circular libremente. 

Hasta el momento solo 12 de los 24 países firmantes ratificaron el Acuerdo: Argentina, Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y Uruguay. Notablemente, sus principales impulsores – Chile y Costa Rica – no se encuentran en la lista. También se destacan las ausencias de Brasil y Colombia, que lideran la lista de países con mayor violencia a activistas ambientales.