Desde el inicio de la pandemia, CSG viene registrando a nivel regional un crecimiento de prácticas regulatorias que ponen en peligro el derecho de acceso a la información pública. ¿Cómo se expresa esta tendencia? En esta nota presentamos cuatro puntos para entender los desafíos que enfrenta la sociedad civil en la materia.

1) Pérdida de autonomía de los órganos garantes del derecho de acceso a la información pública

Si bien el diseño institucional para garantizar el derecho de acceso a la información pública puede variar entre países, resulta fundamental que el cumplimiento esté supervisado por un órgano administrativo especializado e independiente. La Relatoría Especial sobre la Libertad de Expresión de la CIDH ha indicado que la independencia y autonomía del organismo puede ser evaluada en función de factores internos y externos (CIDH-RELE “Los órganos de supervisión del derecho de acceso a la información pública”).

Entre los primeros se cuenta el modo en que fue creado o mediante el cual le fue otorgado su mandato de supervisión, su posición dentro del organigrama institucional, las reglas para la selección y remoción de sus autoridades y la existencia de organizaciones que puedan disputar el ejercicio de sus funciones. Cuatro casos recientes muestran cómo los gobiernos están incidiendo en estos distintos factores para afectar la autonomía de los órganos garantes.

En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en enero que iba a impulsar una reforma constitucional para eliminar el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). ¿Por qué? En sus palabras, porque “no sirve, no beneficia al pueblo y cuesta mucho mantenerlo”. De concretarse, sus funciones pasarían a la órbita de la Secretaría de Función Pública que integra el gabinete presidencial. Esto supone que el poder ejecutivo pasaría a ser, al mismo tiempo, sujeto obligado y garante del derecho.

En El Salvador, el presidente Nayib Bukele modificó por un decreto la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública con el fin de flexibilizar los requisitos y el procedimiento para la designación de los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública. Estos cambios, según indican los expertos, suponen la eliminación de la posibilidad de impugnar a los candidatos, y por ende, de cuestionar su idoneidad e independencia.

Honduras presenta hoy un problema de dualidad de competencias derivada de un decreto firmado por el presidente Juan Orlando Hernández que crea la Secretaría de Transparencia, con competencias similares a las del existente Instituto de Acceso a la Información Pública, constituído por ley.

El gobierno de Argentina, aún cuando no ha modificado la estructura ni las competencias de su agencia, no se muestra ajeno a esta tendencia al impulsar el nombramiento como director de una persona que no reúne los requisitos mínimos que estipula la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública de idoneidad para el cargo y trayectoria en la materia.

2) Ocultamiento de información crítica sobre el manejo gubernamental de la pandemia

Otra preocupación que ha crecido en este tiempo es la falta de transparencia con respecto a la gestión de la pandemia. Ya en los primeros meses, el gobierno de Brasil fue duramente cuestionado por modificar discrecionalmente la metodología de divulgación de datos oficiales de contagios y muertes, mientras que en El Salvador se incorporó a la lista de información reservada los datos sobre testeos de COVID-19 y el plan nacional de salud durante 7 años.

Más recientemente, un informe de Directorio Legislativo en alianza con la Red de Periodistas de América Latina para la Transparencia y la Anticorrupción arrojó que todos los acuerdos de compra de vacunas de la región son confidenciales y que algunos países llegaron incluso a modificar su marco normativo por ley o decreto para habilitar la incorporación de cláusulas de confidencialidad en los contratos (entre ellos Argentina, Brasil, Paraguay y Perú).

Estas situaciones vulneran por doble vía un principio central de las leyes de acceso a la información pública que es el de máxima divulgación, que tiene como correlato el de alcance limitado de las restricciones al derecho.

3) Suspensión o incumplimiento de plazos para responder a pedidos de acceso a la información pública

A la falta de transparencia activa, hay que sumar también la interrupción temporal de los mecanismos de transparencia pasiva, es decir, aquellos mediante los cuales la ciudadanía puede solicitar información a las entidades y organismos públicos.

En efecto, como parte de las medidas encaradas frente a la crisis sanitaria, al menos 8 países de la región suspendieron las actividades de las áreas de gobierno “no críticas”, en las que quedaron comprendidos los órganos garantes del derecho de acceso a la información pública, y – con ello – los plazos de respuesta a las solicitudes. Además de los casos de Brasil y México analizados antes, se encuentran Bolivia, Honduras, Perú y República Dominicana.

Con todo, en Brasil el Supremo Tribunal Federal sentó un importante precedente al anular la suspensión de plazos administrativos argumentando que a menos que se trate de situaciones excepcionales, “la Administración Pública tiene el deber de transparencia absoluta en la conducción de los asuntos públicos ”.

Al día de hoy, cuando muchas de estas medidas ya no se encuentran vigentes, se siguen registrando dilaciones excesivas en los plazos de respuesta. Por mencionar solo un ejemplo, en 2020, Directorio Legislativo realizó 53 pedidos de acceso a la información pública en Argentina, 26 de los cuales no fueron respondidos en término legal aún cuando estos trámites habían quedado exentos de suspensión general de plazos administrativos.

4) Demora u obstaculización de proyectos de ley para ampliar el acceso a la información pública

La contracara de esta tendencia restrictiva está dada por la situación de los proyectos de ley que buscan ampliar el acceso a la información pública. Lo que surge de nuestro monitoreo es que en muchos casos las iniciativas orientadas a ampliar la lista de sujetos obligados a brindar información, publicar las declaraciones juradas de funcionarios o incrementar las capacidades de supervisión y control no son tratadas o no superan los primeros estadíos del debate parlamentario. Tal es el estado de cosas en Chile, El Salvador, Guatemala y Paraguay, por ejemplo.

El rol de la sociedad civil

Frente a estas situaciones, las organizaciones de la sociedad civil nos hemos movilizado y pronunciado en forma coordinada:

En Argentina planteando nuestras observaciones en la audiencia realizada para designar al nuevo director de la Agencia de Acceso a la Información y solicitando al Poder Ejecutivo que retire su candidatura y se comprometa a nombrar una autoridad idónea, autónoma e independiente.

En México, realizando un llamado para detener toda medida que pueda limitar o reducir la autonomía de los órganos garantes.

En El Salvador, a través de un comunicado para defender el acceso a la información pública.

En Brasil, Chile, Colombia y El Salvador, solicitando información pública en forma conjunta para conocer más sobre los procesos de adquisición e implementación de tecnologías con capacidad de vigilancia.

El acceso a la información pública es un derecho instrumental clave para el ejercicio de otros derechos, entre ellos, la participación ciudadana en la toma de decisiones de gobierno, el control de la corrupción y el balance de las asimetrías. Con información, “la participación se vuelve un proceso transformador que confiere otra dinámica al sistema democrático y que requiere canales de comunicación permanentes entre gobernantes y gobernados/as” (Auditoría Ciudadana, Frutos de la Democracia).