El 30 de diciembre, partidos de la oposición y 27 organizaciones de la sociedad civil lanzaron una campaña nacional de recolección de firmas para someter a referéndum 133 de los 476 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) sancionada en julio del 2020. De acuerdo a los organizadores, esta ley es “desestatizadora, concentradora y represiva”. Para lograrlo deberán alcanzar un objetivo ambicioso: aproximadamente 700.000 firmas o 25% del padrón electoral. 

La LUC es una ley ómnibus que se instituyó como el primer hito legislativo del presidente de Uruguay Luis Lacalle Pou y regula desde la inclusión financiera hasta reformas en el Código Penal que afectan el derecho a huelga y a la protesta. 

Entre los aspectos más cuestionados se destacan la ampliación del concepto de legítima defensa policial, la obligación de las personas a identificarse cuando la policía lo requiera y la declaración de ilegitimidad a los piquetes realizados en espacios públicos o privados que afecten la libre circulación de personas, bienes o servicios. Este último punto limita, en la práctica, el derecho a huelga al habilitar a la fuerza pública a disolver los piquetes.