El 3 de diciembre la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. El proyecto establece acciones entre los tres niveles de gobierno para crear ambientes físicos y digitales más seguros. Entre las medidas de seguridad, contempla también la implantación de tecnologías que faciliten el intercambio de información y la comunicación de forma segura y privada, y la instalación de cámaras de vigilancia en puntos estratégicos, entre otros. 

El Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, conformado por diversas organizaciones civiles, calificó de positivo el avance de este proyecto, pero resaltó la importancia de que esta no sea una acción aislada. Este debe ser un paso más en la “construcción de una política de Estado que permita generar condiciones seguras para la prensa y personas defensoras de derechos humanos para ejercer su labor y fortalecer la democracia del país”. 

En este marco, se advierte con preocupación que mientras avanza la reforma, el gobierno eliminó una serie de fideicomisos que, entre otras cosas, financiaban el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, establecido en la Ley General de Víctimas. De acuerdo a datos de la Federación Internacional de Periodistas, solo en 2020, 13 comunicadores fueron asesinados, cifra que vuelve a ubicar a México entre los países más peligrosos del mundo para el ejercicio de la labor periodística. Se estima que el Senado iniciará el tratamiento del proyecto a partir de febrero de 2021, al término del receso legislativo.