El 21 de noviembre, miles de manifestantes salieron a las calles como muestra de rechazo a las acciones implementadas por el Ejecutivo, pidiendo la renuncia de Giammattei y su vicepresidente, Guillermo Castillo. Entre las consignas más aclamadas se encuentran el manejo de fondos públicos para la atención de la pandemia y la asignación de partidas presupuestarias para el año fiscal 2021. Un grupo minoritario de personas llevó a cabo acciones de destrucción e incendio en el Congreso de la República, lo que derivó en el exceso del uso legítimo de la fuerza por parte de la PNC. La jornada de protestas concluyó con decenas de heridos por balas de goma y gases lacrimógenos.

El foco del presidente Giammattei, sin embargo, estuvo en los actos de vandalismo y no en la represión. “Reitero el derecho de manifestar conforme la ley. Pero tampoco podemos permitir que se vandalice con la propiedad pública o privada. Al que se le compruebe su participación en estos hechos delictivos les caerá todo el peso de la ley”, declaró el presidente Giammattei a través de su cuenta de Twitter. Ante estos episodios, la Alianza por las Reformas, compuesta por 40 organizaciones sociales, solicitó la “destitución inmediata del ministro Gendri Reyes y del director de la Policía Nacional Civil, José Antonio Tzubán, quienes dieron las órdenes para reprimir a la población, y que el Ministerio Púbico inicie una investigación penal en su contra”. El reclamo también se hizo eco en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien condenó el exceso de la violencia policial y pidió que el Estado de Guatemala garantice el derecho a la manifestación pacífica.

Como consecuencia del fuerte malestar social, la Junta Directiva del Congreso anunció la suspensión del trámite legislativo del Presupuesto 2021 para dar lugar a un diálogo nacional que asegure el orden social convocando a distintos sectores del país.