La Corte Suprema, por su parte, había ratificado su decisión de mantener secretas las adendas a las declaraciones patrimoniales de Bukele durante su período como alcalde de Cuscatlán bajo el amparo del artículo 240 de la Constitución y de la Ley de Enriquecimiento Ilícito. Los tres comisionados del IAIP que votaron a favor de mantener reservada esta información, entre ellos su presidente, habían sido designados por Bukele en los últimos tres meses, en un proceso que desde la sociedad civil se consideró “irregular” y “poco transparente”.

La comisionada Liduvina Escobar, quien votó en contra, consideró esta decisión como un “retroceso del Derecho de Acceso a la Información Pública y al principio de máxima publicidad”. El presidente del IAIP, Ricardo Gómez Guerrero, explicó que esta decisión impactará sobre los casos de cualquier funcionario o exfuncionario indagado por la Sección de Probidad.

A esto se le suma que, posterior a esta resolución, el Ministerio de Hacienda aumentó en $250 mil dólares el presupuesto del IAIP, lo que fue señalado por miembros de la oposición como una maniobra de compensación por la modificación de criterio adoptada en torno a la información patrimonial del presidente. En vistas de esto, un diputado opositor y uno no partidario presentaron tres proyectos de ley que buscan fortalecer la independencia del IAIP y ampliar la naturaleza de los documentos que deben ser de acceso público.