El 30 de octubre, representantes de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) de Nicaragua y la Organización Víctimas de Abril (OVA) presentaron ante el Tribunal Supremo de Nicaragua un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros que limita la acción de las organizaciones que reciben financiamiento internacional. Según estas organizaciones, esta política afecta la independencia y la autodeterminación de la ciudadanía, ya que se vulneran las vías de financiamiento para asistir a presos políticos y víctimas de la represión estatal. 

Esta normativa había sido impulsada por la bancada oficialista del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en el mes de septiembre y promulgada por el Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega el 19 de octubre pasado. La regulación obliga a todas las entidades, fundaciones y asociaciones que reciban fondos del exterior a registrarse como “agentes extranjeros”.  

Además, cada vez que reciban una oferta de fondos, estarán obligadas a informar al Ministerio de Gobernación en qué actividades serán utilizados y a rendir los gastos, pagos y contrataciones que de ellas provengan. Además establece que si no se cumple el Ministerio podrá sancionar con multas o cancelar la personería jurídica. Desde 2018, el gobierno nicaragüense anuló la personería jurídica de 10 organizaciones de la sociedad civil sin respetar las garantías del debido proceso. Se espera que el Tribunal Supremo se expida sobre esta materia en el mediano plazo.