Congresistas de la oposición presentaron el 9 de octubre, ante el Senado de la República, un proyecto de ley para reformar la Policía Nacional. La iniciativa surge luego de las denuncias y manifestaciones ocurridas en septiembre a raíz de una serie de casos de abuso policial y uso excesivo de fuerza. El proyecto busca “fortalecer el carácter civil de la Policía Nacional, prohibir y regular tácticas y procedimientos policiales agresivos, fortalecer el control externo, dar impulso al Sistema Nacional de Participación Ciudadana, entre otras disposiciones”. 

Pese a que la Constitución Nacional establece que la Policía es un cuerpo armado de naturaleza civil, los autores del proyecto de ley aseguran que situaciones como el uso del espacio público por parte de los jóvenes o actos de protesta han sido tratadas con una perspectiva militar cercana a la doctrina del enemigo interno. 

El proyecto recoge las recomendaciones de las Naciones Unidas al proponer que se fortalezca el carácter civil de la fuerza, se prohíban prácticas y procedimientos arbitrarios e irregulares, se reformule la política de reclutamiento y formación y se creen mecanismos externos de control y de auditoría, incluyendo la creación de un Sistema Nacional de Participación Ciudadana. Actualmente, la Policía Nacional actúa en la órbita del Ministerio de Defensa, lo que supone, entre otras cosas, que los delitos presuntamente cometidos por los agentes son investigados por la justicia militar. Al respecto, el proyecto propone que el cuerpo pase a integrar el Ministerio del Interior.