El 22 de octubre, los legisladores que integran el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) presentaron un proyecto de reforma constitucional para penar con cadena perpetua a quienes comentan “crímenes de odio”. El tema venía siendo impulsado por el presidente Daniel Ortega desde mediados de septiembre, tras un resonado caso de violencia de género. Inclusive había instado a la Corte Suprema de Justicia a redactar el proyecto. 

En la actualidad, la pena máxima establecida por la Constitución Nacional es de 30 años. Por tratarse de una reforma constitucional, el proyecto deberá cumplir dos instancias: primero la aprobación del cambio en el texto constitucional y luego la modificación del Código Penal. 

Tanto especialistas en derecho penal como representantes de la oposición temen que, de prosperar, el gobierno pueda ampararse en la figura del crimen del odio para limitar la libertad de expresión y el derecho a la protesta. El Código Penal vigente no tipifica los crímenes de odio pero considera a la discriminación ideológica o política como circunstancia que agrava la responsabilidad penal. Es probable que el estudio del proyecto se inicie en la última semana de octubre.