El 14 de septiembre, el presidente Daniel Ortega instó a la Corte Suprema de Justicia a trabajar en una propuesta de reforma al Código Penal para reconocer los “crímenes de odio” y sancionarlos con pena de cadena perpetua. Las declaraciones del mandatario se produjeron luego de un resonado caso de violencia de género. Sin embargo, tanto especialistas en derecho penal como representantes de la oposición temen que, de prosperar, el gobierno pueda ampararse en la figura del crimen del odio para limitar la libertad de expresión y el derecho a la protesta. Algunos, incluso, comparan la reforma propuesta con la Ley contra el odio de Venezuela, sancionada por la Asamblea Nacional Constituyente en 2017 (ver más). El propio Ortega alimentó estas dudas al acusar a la oposición de “seguir cometiendo asesinatos, colocar bombas y asesinar familias”, actos a los que también calificó de “imperdonables”. Actualmente, el Código Penal no tipifica los crímenes de odio pero considera a la discriminación ideológica o política como circunstancia que agrava la responsabilidad penal.