El 15 de septiembre, el Tribunal Constitucional rechazó la consulta de constitucionalidad interpuesta por la presidenta de Bolivia Jeanine Áñez, en contra de la Ley de Estados de Excepción. La norma sancionada por la Asamblea Plurinacional establece que el gobierno no podrá suspender el ejercicio de los derechos políticos, el derecho a la información y la libertad de conciencia, ni el reconocimiento de la personería jurídica en el marco de la declaración del estado de excepción constitucional. Tampoco se podrán imponer sanciones administrativas por el incumplimiento de las medidas establecidas. La declaración del estado de excepción deberá detallar los motivos que justifican su aplicación y los alcances para los derechos y garantías ciudadanas. El Tribunal también levantó la medida cautelar que había dejado en suspenso la promulgación de la ley y su publicación en la Gaceta Oficial.