El 9 de septiembre la Cámara de Diputados rechazó, por falta de quórum, un proyecto de reforma constitucional que busca aumentar la capacidad del Presidente para sacar a las Fuerzas Armadas a la calle cuando esté en riesgo la infraestructura crítica para el funcionamiento del país: servicios de agua, gas y electricidad, comunicaciones y transporte, entre otros. Si la reforma se sanciona, podrá hacerlo sin necesidad de decretar el estado de emergencia y por un período de hasta 30 días: 15 más que los previstos actualmente por la Constitución. Inicialmente el proyecto incluía también el resguardo de edificios públicos como La Moneda, el Ministerio Público o los Tribunales Judiciales, pero estos fueron eliminados durante su tratamiento en el Senado. Debido al rechazo de Diputados, la iniciativa deberá ser tratada por una Comisión Mixta compuesta por representantes de ambas Cámaras del Congreso, quienes deberán acordar un nuevo texto o rechazarlo.