Organizaciones y representantes de la sociedad civil salvadoreña expresaron su preocupación ante la creación de una agencia pública para la cooperación internacional que centralizará los canales y oportunidades de acceso a fondos bajo el control directo del gobierno. En relación a la medida, que fue oficializada en junio por medio de un decreto, el presidente afirmó que el organismo va a garantizar que la gestión de los fondos no se vea influenciada por criterios ideológico-políticos. Sin embargo, las voces críticas advierten que podría ocurrir precisamente lo opuesto, dada la falta de lineamientos claros sobre la articulación entre fuentes y beneficiarios, las prioridades en la asignación y el rol de las organizaciones sociales. En particular, genera preocupación que esta plataforma sea utilizada por el gobierno para limitar el acceso de las organizaciones sociales a las fuentes de financiamiento internacional. También observan que la estrategia de unificar las vías de cooperación internacional bajo una agencia directamente vinculada con el presidente de turno la vuelve incompatible con los principios de ayuda internacional delineados en la Declaración de París de 2005.