El 5 de agosto, la Cámara de Diputados rechazó un proyecto de ley impulsado por el oficialismo para obligar a legisladores y funcionarios a publicar sus declaraciones juradas de intereses con empresas del sector privado en la página web de la Contraloría General. Según explicó el legislador Derlis Maidana, el texto es ambiguo y no define claramente qué se entiende por conflicto de interés. Los diputados concluyeron así que es necesario subsanar las imprecisiones y establecer sanciones penales ante eventuales incumplimientos. Sin embargo, no introdujeron modificaciones para su mejora. Ahora el proyecto, que de no haber sido rechazado ya sería ley, deberá ser tratado nuevamente por la Comisión de Legislación del Senado. Se estima que esto podría ocurrir entre agosto y septiembre. Desde la sociedad civil, advirtieron que para avanzar en un proceso de más transparencia, se necesita también un sistema de justicia comprometido con la lucha contra la corrupción.