El 14 de julio, luego de que el Parlamento le haya dado sanción definitiva, el presidente Luis Lacalle Pou promulgó la ley que reforma, entre otros puntos, el sistema de seguridad y justicia. La norma, que consta de 476 artículos y 11 secciones, incluye la ampliación de los alcances del principio de legítima defensa policial y la limitación del derecho a huelga. Con su entrada en vigencia, los piquetes que impidan la libre circulación serán considerados ilegítimos. A su vez, las personas que “obstaculicen, agravien, atenten, arrojen objetos, amenacen o insulten a policías” podrán sufrir pena de 3 a 18 meses de prisión. La reforma incorpora en el Código Penal el delito de resistencia al arresto y obliga a los ciudadanos a identificarse cuando un agente de las fuerzas de seguridad así lo requiera. También prohíbe la ocupación de espacios de trabajo en el marco del ejercicio del derecho a huelga. Fuentes de gobierno anunciaron que ya están trabajando en la elaboración de distintos decretos reglamentarios. La oposición no descarta la posibilidad de apoyar una recolección de firmas para derogar el articulado.