El pasado 30 de junio los presidentes de ambas Cámaras del Congreso firmaron una resolución conjunta, designando a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia como la responsable de dar seguimiento a las actividades que lleva adelante la Dirección de Asistencia Judicial de Delitos Complejos, un cuerpo en la órbita de la Corte Suprema que realiza escuchas judiciales. La decisión se da en un contexto de tensión política que se fue incrementando desde que la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, denunció actividades de espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri. Desde entonces, el oficialismo intentó derogar el Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por Macri, que traspasó la actividad de escuchas del ámbito de la Procuración General a la Corte Suprema, lo que fue rechazado por la oposición. Entretanto, avanzan causas judiciales por denuncias de espionaje ilegal. En ese contexto, fue allanada la casa de un ex secretario del ex presidente Macri. Ante esa situación, la coalición opositora “Juntos por el Cambio” emitió un comunicado en el que afirmó que un sector del oficialismo parece estar “enfocado en enrarecer el clima político”.