El 29 de mayo el Ministerio de Defensa publicó un reglamento que permite el uso progresivo de la fuerza por parte de los efectivos de las Fuerzas Armadas ante reuniones, manifestaciones y disturbios que deriven en “situaciones de grave conmoción interna”. El protocolo contempla distintos niveles de acción ante situaciones de “riesgo latente”, “resistencia psicológica o pasiva” y “resistencia defensiva y agresiva”. La Defensoría del Pueblo y distintas organizaciones sociales advirtieron que el reglamento no está orientado a la protección de los derechos humanos de los y las manifestantes, sino a respaldar el accionar de las Fuerzas Armadas. En esta línea, el órgano de control informó que, si el Ministerio de Defensa no deroga el reglamento, presentará una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional.