Tras haber anunciado el control de redes sociales y de personas que causen desinformación o incertidumbre a la población durante el mes de marzo, el 8 de mayo, el gobierno avanzó con un nuevo decreto que abría la puerta a la persecución judicial de los comunicadores sociales. La norma habilitaba el inicio de procesos penales contra aquellos que pusieran en riesgo la salud pública o desinforman a través de la difusión de información escrita o mediante la expresión artística. La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP), la Defensoría del Pueblo y políticos del arco opositor expresaron su preocupación, advirtiendo que la norma es inconstitucional y que amenaza el derecho a la información y la libertad de expresión. Finalmente, el 14 de mayo el gobierno comunicó la derogación del decreto y de otras dos disposiciones que habían sido denunciadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). [Link]