El 16 de mayo el presidente Nayib Bukele decretó la extensión por 30 días del estado de emergencia a nivel nacional. La declaración de emergencia habilita al gobierno a tomar decisiones como la restricción del derecho de circulación y de reunión, y a realizar compras directas. La medida fue cuestionada desde distintos sectores políticos y de la sociedad civil, que afirman que el presidente se extralimitó al tomar una decisión que es competencia exclusiva de la Asamblea Legislativa. Tras una demanda de inconstitucionalidad de la Fiscalía General, la Corte Suprema decidió suspender temporalmente la medida. El debate se suscita en el marco de denuncias sobre excesos en el uso de la fuerza pública para asegurar el cumplimiento de la cuarentena y controlar el orden en distintos centros penitenciarios. La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, advirtió que combatir el coronavirus en El Salvador no debería ser al costo de sacrificar el orden constitucional. [Link]