El 27 de marzo el Congreso aprobó una ley de protección policial que exime de responsabilidad penal al personal de las fuerzas de seguridad que causen muertes o lesiones en el cumplimiento de su función. Lo hace en el contexto de la declaración del estado de emergencia nacional, decretada por el presidente Martín Vizcarra el 15 de marzo, que supone la suspensión de derechos y garantías constitucionales: la libertad de reunión y de circulación, la garantía de que nadie puede ser detenido si no hay una orden escrita de un juez y la prohibición de ingreso al domicilio de una persona sin su consentimiento. Mientras esté vigente el estado de emergencia, la policía podrá practicar verificaciones e intervenciones con el apoyo de las Fuerzas Armadas para impedir que se lleven a cabo actividades no permitidas. La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió que la nueva ley contraviene las normas y estándares internacionales de derechos humanos y solicitó al Congreso que revise y revierta sus efectos.