El 23 de marzo, el presidente Jair Bolsonaro avanzó sobre la ley de acceso a la información pública a través de una medida provisoria que suspendía los plazos para dar respuesta a los pedidos de acceso a la información pública que no estuvieran relacionados con las medidas para enfrentar la situación de emergencia sanitaria y disponía el rechazo de las apelaciones presentadas por falta de contestación de las autoridades públicas. Tres días después de su entrada en vigencia, el Supremo Tribunal Federal (STF) dio lugar a una solicitud realizada por el Colegio de Abogados y suspendió la norma. El ministro del STF Alexandre de Moraes fundamentó que la medida “tiene la intención de transformar las excepciones en regla, eliminando el impacto total de los principios de publicidad y transparencia (…) Excepto en situaciones excepcionales, la Administración Pública tiene el deber de transparencia absoluta en la conducción de los asuntos públicos ”.