El 17 de febrero el Poder Ejecutivo dio a conocer un decreto firmado en octubre de 2019 que habilitaba al gobierno a usar información confidencial sobre las personas para realizar investigaciones y evaluación de políticas públicas. Debido a las críticas de todo el arco político y las denuncias de inconstitucionalidad, el presidente Carlos Alvarado dio marcha atrás con la medida apenas 4 días después de la publicación. Hasta el momento, el gobierno no ha aclarado si durante los últimos meses hizo un uso no controlado de datos personales de la ciudadanía. En las próximas semanas, una comisión especial creada por la Asamblea Legislativa estará investigando estos hechos.