El 4 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó públicamente que es prioridad del gobierno impulsar una reforma de la administración pública que contemple la absorción de 16 organismos descentralizados por parte de las secretarías del estado nacional, entre ellos la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SE-SNA). Esta medida pretende “terminar con la corrupción en los entes autónomos”, sin embargo, la oposición la cuestionó alegando que es una estrategia para eliminar los contrapesos institucionales.

El SE-SNA es el ente encargado de prevenir, denunciar y combatir la corrupción en las instituciones públicas de México. El 8 de febrero, el ente abrió una consulta pública sobre el Programa de Implementación de la Política Nacional Anticorrupción. También publicó el Código de Ética de la Administración Pública que establece, entre otras cosas, lineamientos aplicables a los funcionarios y funcionarias como la prohibición de la aceptación de  obsequios o compensaciones durante el ejercicio de sus funciones, o a la constitución de Comités de Ética para la implementación, difusión y vigilancia de los principios establecidos en el Código. 

¿Qué probabilidades hay de que esta reforma se concrete? Para modificar la estructura y funcionamiento de los organismos descentralizados de rango constitucional se requiere de una enmienda de la carta magna. Desde la renovación de la Cámara de Diputados, Morena ya no cuenta con los votos necesarios para aprobar la iniciativa sin negociar con la oposición. Por eso, el 15 de febrero el presidente señaló que su gobierno ya no contaba con el tiempo necesario para llevar adelante la reforma, que es resistida por el bloque conservador. Sin embargo, el futuro de aquellos organismos que no gozan de la protección constitucional puede ser diferente, ya que estos se encuentran dentro de la órbita del Poder Ejecutivo. 

El proyecto de AMLO causó la reacción instantánea de las filas opositoras. Por un lado, el senador Damián Zepeda del PAN, anticipó que su partido no va a permitir que el presidente, “cuya verdadera intención es seguir entregando contratos y obras con opacidad, desaparezca los organismos autónomos que llevó años consolidar”. Su par del PRI Manuel Añorve Baños se inclinó a favor de analizar la fusión de algunos organismos autónomos, siempre y cuando se desestime su eliminación. La Secretaria General del PRD, Adriana Díaz Contreras, afirmó por su parte que la propuesta presidencial no debería ser vista como una medida administrativa, sino como un retroceso constitucional.