El 8 de octubre, el Congreso de Bolivia sancionó una ley impulsada por el Poder Ejecutivo que regula la producción oficial de estadísticas, precisa las competencias del Instituto Nacional de Estadística (INE) y lo mantiene bajo la órbita del Poder Ejecutivo aunque con carácter de organismo descentralizado.  También recoge resoluciones pre-existentes de menor rango legal vinculadas a la figura de las entidades “informantes” u obligadas a prestar información. El texto definitivo todavía no fue publicado en la Gaceta Oficial por el Ejecutivo.

La ley en cuestión cataloga bajo el título de informantes a “todas las personas naturales o jurídicas de naturaleza pública, privada o mixta”, desde entidades territoriales autónomas hasta fundaciones, entidades sin fines de lucro, religiosas y agencias de cooperación. Estos sujetos tienen la obligación de proveer al organismo la información que éste les solicite. La información suministrada no podrá revelarse en forma individual y solo será publicada de forma que no permita la identificación del prestador. Tampoco se habilitará su uso con propósitos tributarios, judiciales, administrativos o policiales, aún mediante orden administrativa o judicial. 

En caso de incumplimiento, las multas podrían llegar hasta el monto de 7200 Unidades de Fomento de Vivienda (equivalentes a aproximadamente USD 2500) y serán aplicadas acorde al principio de proporcionalidad, según el grado de la infracción. Los montos, plazos y otros aspectos de las sanciones serán establecidos por medio de un decreto reglamentario.

Si bien en su artículo 6, la nueva normativa establece que el INE es una institución pública descentralizada, técnica-especializada, con autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, con patrimonio propio, la senadora opositora Cecilia Requena (Comunidad Ciudadana) cuestionó el centralismo de la estructura que continuará funcionando bajo la órbita del Poder Ejecutivo.  Por otra parte, y según surge del informe anual de la Sociedad Interamericana de Prensa, varias OSCs locales han advertido que la ley podría estar en conflicto con el artículo 21 de la Constitución, al otorgar al INE la potestad de decidir qué datos pueden o no ser divulgados.