El 20 de octubre la Asamblea Legislativa, controlada por el oficialismo, sancionó sin discusión previa un decreto legislativo que prorroga hasta el 8 de diciembre de 2022 la prohibición de las concentraciones públicas y privadas masivas, en las que no se respete el distanciamiento social ni los protocolos de bioseguridad y donde participen personas sin esquema completo de vacunación. La medida, sugerentemente aprobada a solo tres días de la movilización multitudinaria en contra del gobierno del presidente Nayib Bukele, fue ampliamente criticada por la sociedad civil. 

Quienes organicen, convoquen o promuevan concentraciones podrán ser acusados por desobediencia y enfrentar penas de hasta tres años de prisión o multas de hasta USD 35.000. El decreto faculta a la Fiscalía General de la República (FGR) para iniciar una investigación de oficio, mientras que el Ministerio de Salud y la Policía Nacional Civil podrán suspender o prohibir la entrada a cualquier persona, organizador o asistente, que infrinja las medidas. 

El decreto fue posteriormente observado por el Poder Ejecutivo pues este había sido aprobado tras el vencimiento del plazo que pretendía prorrogar, lo que impediría su correcta aplicación.

Varias organizaciones de la sociedad civil criticaron la medida alegando de que se trata una “criminalización de la protesta”, que atenta contra la libertad de expresión, no solo por la prohibición de las movilizaciones sino también por darle facultad a la FGR, afín al presidente, a actuar contra quienes las promuevan. Desde el Poder Legislativo se emitió un comunicado en el que se rechazan estas acusaciones y se alude a las críticas como un intento de “tergiversación de la información”.