En el marco de su 77º Asamblea General, realizada entre el 19 y el 22 de octubre, la Sociedad Interamericana de Prensa presentó un informe sobre el estado de la libertad de prensa en la región. Si bien en casi todos los países se documentaron restricciones, en el Índice de Chapultepec 2021 Nicaragua, Venezuela y Cuba obtuvieron los peores resultados. Sólo dos países fueron clasificados como con plena libertad de expresión: Uruguay y Chile. Argentina es el país que más descendió en la escala con respecto al año anterior. En este artículo se presenta un breve recorrido por siete casos.  

El Salvador 

Desde la asunción de Nayib Bukele se viene registrando un mayor número de agresiones y difamaciones en contra de periodistas, así como también un incremento en las restricciones del accionar periodístico, según datos de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES). Al día de hoy, señala el reporte de SIP, algunos medios de prensa han documentado ataques por parte de funcionarios del gobierno, así como también amenazas ante la publicación de notas sobre hechos de violencia en el país. Asimismo, el gobierno impulsó (pese a que el intento fue infructuoso) un proyecto de reforma de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), a través del cual pretendía clasificar como “secreta” aquella información correspondiente a datos de contrataciones públicas y salarios de empleados públicos. Ver informe. 

Guatemala 

La libertad de expresión ha sido vulnerada y limitada, tanto a través de intimidaciones en redes sociales como también por medio de resoluciones judiciales. La organización denuncia en particular dos precedentes sentados por la Corte Suprema de Justicia. El primero fue la denegación de la solicitud de antejuicio en contra de la Fiscal General, Consuelo Porras, por la destitución de Francisco Sandoval como titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).  Porras fue recientemente incluida en la Lista Engel, un listado de funcionarios y ex-funcionarios corruptos elaborado por el gobierno de Estados Unidos. La segunda acción de la Corte Suprema denunciada por la SIP consiste en la decisión de investigar al medio elPeriódico por publicar y utilizar como evidencia una declaración testimonial sobre actos de corrupción en la administración pública. Ver informe. 

Honduras

Si bien durante el último año, la SIP no ha documentado asesinatos de periodistas en territorio hondureño, advierte que la suspensión de garantías constitucionales derivados del COVID-19 han sido obstáculos persistentes al ejercicio de la libertad de prensa. En el documento reporta además la necesidad de la rendición de cuentas para evitar la desinformación y denunciar violaciones de DDHH y abusos de poder. Por último, se destaca la falta de respuesta por parte del presidente Juan Orlando Hernández al pedido de reforma de la Ley de Secretos Oficiales de 2014 que clasificó como reservada, confidencial, secreta y ultrasecreta, la información de más de 20 ministerios y direcciones de Gobierno por un período de 5 a 25 años. Ver informe. 

México

Durante el primer semestre de 2021 la SIP documentó un total de seis periodistas asesinados, todos casos enmarcados en un contexto de mayor agresividad por parte del crimen organizado hacia la prensa. También advierte que la Secretaría de Gobernación (Segob) reconoció que durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, el número de personas que se incorporaron al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas creció en un 88%, lo que evidencia un incremento de la violencia en el país. México es actualmente uno de los países más peligrosos para el ejercicio de la labor periodística. Ver informe. 

Nicaragua 

Durante el último gobierno de Daniel Ortega han sido constantes los ataques a periodistas y medios de comunicación, ya sea en forma de acoso policial, citatorios del Ministerio Público o detenciones arbitrarias. La situación se tornó crítica a partir del 13 de agosto cuando se produjo un asalto a las instalaciones del diario La Prensa y sus periodistas y directivos fueron detenidos. La Prensa era entonces el único medio que se distribuía en versión impresa en todo el país. Finalmente, advierte sobre las continuas violaciones a la libertad de asociación que se han dado durante el último año con la cancelación de la personería jurídica a diversas OSCs y también a la libertad de expresión mediante el encarcelamiento de políticos/as de la oposición. Ver informe. 

Venezuela

Uno de los principales puntos destacados por la SIP es la desaparición gradual y sistemática de medios de comunicación: 115 entre 2013 y 2018. Los medios locales no solo se enfrentan a la persecución o la censura, también deben superar barreras como la escasez del papel prensa, el bloqueo de sus portales digitales y la baja calidad de la conectividad. La mayoría de los que aún operan en Venezuela, son manejados desde el exterior. En conclusión, más del 60% de la población se informa por canales oficiales. Los hallazgos coinciden con los difundidos en un informe de El País de mayo donde se reportaba, con base en datos del Instituto de Prensa y Sociedad (IPyS), que en 2021 solo circulaban unos 20 periódicos impresos y que en 10 estados ya no se distribuía ninguno. Ver informe . 

Bolivia 

El informe resalta dos proyectos de ley impulsados por el Poder Ejecutivo, uno sancionado el 8 de octubre y otro retirado. El primero es una ley que autoriza al Instituto Nacional de Estadística (INE) a obtener y centralizar datos de todas las personas naturales y jurídicas, lo cual desde la sociedad civil generó preocupación por una posible restricción en el acceso a la información. El segundo consiste en un proyecto contra la legitimación de ganancias ilícitas que, entre sus puntos, promovía la eliminación del secreto de la fuente periodística. Aunque fue finalmente retirado, el informe advierte que desde el  Movimiento al Socialismo (MAS) se ha alentado a los/as profesionales de todos los sectores a renunciar al secreto profesional. Por último, destaca la existencia de irregularidades judiciales y abusos policiales contra periodistas. Ver informe.  

Las partes suscribieron distintas resoluciones en las que: solicitaron compromiso para lograr que se esclarezca y condene el asesinato a periodistas (aquí y aquí); instaron a la Fiscalía General de México a que otorgue recursos suficientes a la Unidad que investiga los casos de libertad de expresión (ver); y condenaron a los gobiernos de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Paraguay por los hostigamientos y agresiones que ponen en riesgo a la prensa. La próxima reunión anual tendrá lugar en Madrid en octubre de 2022.