A principios de julio, el senador opositor Abel González presentó un proyecto de ley para autorizar a las organizaciones no gubernamentales (ONG) a hacer uso provisional de bienes decomisados bajo la administración de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO). 

La asignación y supervisión del uso correcto, eficiente y transparente de estos bienes se realizará mediante convenios de cooperación interinstitucional. Buscará beneficiar a instituciones dedicadas a la lucha contra el narcotráfico, el lavado de dinero, la criminalidad organizada, u otras organizaciones no gubernamentales que administren o dispongan de centros de prevención, tratamiento y rehabilitación de personas drogodependientes.

El proyecto contempla la posibilidad de constituir fideicomisos de administración, así como de arrendar o celebrar otros contratos de acuerdo con las condiciones de mercado para el uso de los bienes. Los gastos generados por la administración serán pagados con los rendimientos financieros y de productividad. El organismo también podrá contratar servicios externos cuando, de acuerdo con la naturaleza de los bienes, resulte necesario para su aprovechamiento.