El 13 de julio, el ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegain, presentó ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que busca modificar aspectos sustanciales de la Ley de Acceso a la Información Pública. ¿Cuáles son los puntos salientes? 

1. incorpora como información confidencial la declaración patrimonial de las personas que ejercen una función pública. 
2. propone nuevos mecanismos que dificultan el acceso a la información y aumenta las facultades del presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), quien podrá tomar decisiones sin el aval del resto de los comisionados.

Los cambios propuestos no hacen más que reforzar la tendencia hacia la opacidad y la creciente falta de autonomía del Instituto evidenciada en un conjunto de decisiones tomadas entre octubre y diciembre de 2020. 

La propuesta fue denunciada por la Asociación Transparencia, Contraloría Social y Datos Abiertos (TRACODA) y la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ) como un debilitamiento del órgano de control y una potencial pérdida de su independencia. También fue duramente criticada por nueve organizaciones – entre las cuales se encuentran Acción Ciudadana, Centro de Estudios Jurídicos, Fundación para el Debido Proceso, Fundación Democracia, Transparencia y Justicia – las que plantearon en un escrito dirigido a la Asamblea que los cambios “eliminarán la eficacia y utilidad de la ley, en detrimento de la transparencia y rendición de cuentas”. 

Con todo, la amplia mayoría oficialista en la Asamblea (64 de 84 bancas), permiten suponer que la reforma va a ser aprobada en el corto plazo y sin mayores impedimentos.