La Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa comenzó a estudiar un proyecto de ley impulsado por la oposición que apunta a lograr que las empresas y sociedades con participación accionaria del Estado sean auditadas y fiscalizadas todos los años por la Corte de Cuentas de la República (CCR). Estas entidades, que actualmente se encuentran por fuera del ojo público, también tendrán que respetar la Ley de Adquisiciones y Contrataciones públicas cuando compren bienes y servicios. 

La necesidad de dar más transparencia a las sociedades del estado o con participación de fondos públicos surgió con fuerza en octubre, a raíz del lanzamiento de un medio de comunicación pública que quedaba por fuera de los alcances del sistema de control y fiscalización de la CCR.  

La salida a escena del Diario El Salvador despertó en su momento críticas de la sociedad civil y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En palabras de Carlos Palomo, miembro del Observatorio Ciudadano a la Corte de Cuentas, la naturaleza de las empresas estatales las habilita como “la opción perfecta para mover dinero sin controles”, ya que, actualmente, ni el Tribunal de Ética Gubernamental ni la Corte de Cuentas pueden fiscalizar el modo en el que se administran los recursos a su interior.