En un comunicado del 14 de enero firmado por Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, Conectas y la Comisión Internacional de Juristas, el gobierno de Nicolás Maduro es señalado por impulsar campañas de estigmatización contra medios de comunicación. Esto se produce luego de que varios medios críticos del gobierno fueran clausurados de forma temporal, entre ellos el canal digital VPI TV y el diario Panorama, o sufrieran ataques cibernéticos, tal como reportó el periódico digital Tal Cual. “Exigimos a las autoridades bajo el mando de Maduro poner fin a los hostigamientos”, finaliza el documento. 

Ese mismo día la portavoz de la Oficina de la Comisionada de DDHH de la ONU, Marta Hurtado, manifestó su preocupación “por los constantes y crecientes ataques contra organizaciones de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos y periodistas en Venezuela”. Hurtado hizo referencia a la detención de seis miembros de la OSC humanitaria Azul Positivo el pasado 12 de enero por parte de oficiales de contrainteligencia militar y de la policía regional. Cinco de ellos se encuentran bajo medida preventiva de privación de libertad por presunta legitimación de capitales.

Vale recordar que en noviembre de 2020 las organizaciones “Caracas mi Convive” y “Alimenta la Solidaridad” denunciaron hostigamiento por parte de las autoridades y el congelamiento de sus cuentas bancarias por supuestos delitos de lavado de activos. 

En diversas oportunidades la sociedad civil ha señalado restricciones al trabajo de las OSC, que podría agravarse aún más en los próximos meses si la nueva Asamblea Nacional avanza en la regulación de sus fuentes de financiamiento, tal como sugirió en declaraciones públicas el diputado Diosdado Cabello.