La resolución aprobada por el Ministerio del Interior el 20 de octubre, establece que los manifestantes deberán reunirse con los alcaldes y gobernadores para explicar el motivo de la movilización, además de establecer que la Policía deberá identificar quiénes son los líderes u organizadores de la misma. Si bien esta normativa ya se encuentra en vigencia, regirá a corto plazo, mientras finaliza el proceso de elaboración de otro protocolo que tendrá como fin responder al fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia y especificar la forma en la que la Fuerza Pública podrá usar la fuerza ante las movilizaciones sociales. 

El protocolo activa la conformación del Puesto de Mando Unificado (PMU) con  representantes de la Fiscalía General, Migración Colombia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación y Personería Distrital o Municipal. Asimismo, prevé que los alcaldes y gobernadores tendrán la responsabilidad de convocar de manera previa a  los líderes, con el objetivo de verificar cuál será el curso de la misma y sus pormenores. 

A su vez, la Policía Nacional deberá identificar posibles actores infiltrados en las manifestaciones, así como amenazas o alteraciones del orden público de manera anticipada. Cuando se presenten hechos violentos que pongan en peligro la vida o la propiedad privada, esta fuerza podrá actuar e intervenir de acuerdo a los principios de necesidad, gradualidad, proporcionalidad y racionalidad. Por otra parte, los manifestantes tendrán el deber de reportar el recorrido, así como el horario, el número estimado de participantes y sus líderes, y los medios empleados. Las convocatorias a las manifestaciones no podrán versar sobre fines ilegítimos. 

Asimismo, desde organizaciones sociales y de derechos humanos solicitaron que para el protocolo definitivo se incluya la presencia de representantes de la sociedad civil en el PMU. Adicionalmente, la Veeduría de Bogotá afirmó que solo la rama legislativa puede definir cuáles fines son o no legítimos para la realización de actividades y la Alcaldesa de Bogotá, Claudia López, criticó la medida por considerar que, a partir de ahora, los manifestantes deberán “pedir permiso para manifestarse”.