Desde mediados de mayo, El Salvador vive un estado de incertidumbre jurídica que pone en riesgo la protección de los derechos de la ciudadanía y el control del uso de fondos públicos para combatir la pandemia de COVID-19. La situación deriva de la decisión presidencial de extender la cuarentena sin contar con la aprobación de la Asamblea Nacional. El 8 de junio la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad por conexión de otros 10 decretos ejecutivos que impusieron restricciones a los derechos de circulación y reunión en los 80 días pasados. El fallo alcanza también a la ley de Restricción Temporal de Derechos Constitucionales sancionada en marzo por considerar que en ese momento no se justificó adecuadamente por qué la suspensión de derechos era una “medida idónea” para proteger a la población frente al COVID-19. La Corte exhortó a los poderes ejecutivo y legislativo a acordar una nueva ley en los próximos días y advirtió que las medidas que se dicten fuera de ese marco no tendrán efectos jurídicos. De no ocurrir, la cuarentena se levantará a los 4 días de la notificación del fallo.