El 3 de marzo, la Cámara de Diputados aprobó una reforma de la Ley de Acceso a la Información Pública que obliga al Congreso, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, el Servicio Electoral y el Banco Central a regirse por el principio de transparencia en la función pública. A pedido de los ciudadanos, el Congreso Nacional deberá informar la planta del personal y sus honorarios, la contratación de servicios, la asistencia de los legisladores a las reuniones, votaciones y dietas. El proyecto pasó al Senado donde continuará su tratamiento.