Una herramienta de Directorio Legislativo para monitorear
las regulaciones que puedan afectar el espacio cívico
en América Latina y el Caribe.
Fundación Directorio Legislativo | Marzo 2020
Sobre Civic Space Guardian (CSG)
Civic Space Guardian (CSG) es una herramienta diseñada por Directorio Legislativo para monitorear las regulaciones que puedan afectar el espacio cívico en América Latina y el Caribe, tanto en sentido positivo como negativo.
El monitoreo incluye temas vinculados a la libertad de expresión, de reunión, de asociación, de participación, al acceso a la información pública y regulaciones tributarias o burocráticas para el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil.
CSG llega a sus lectores a través de un boletín mensual.
Avanza proyecto que incorpora actores a ley de acceso a la información pública
Chile
Impacto | Positivo
Probabilidad | Alta
Rating CIVICUS | Limitado
El 3 de marzo, la Cámara de Diputados aprobó una reforma de la Ley de Acceso a la Información Pública que obliga al Congreso, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, el Servicio Electoral y el Banco Central a regirse por el principio de transparencia en la función pública. A pedido de los ciudadanos, el Congreso Nacional deberá informar la planta del personal y sus honorarios, la contratación de servicios, la asistencia de los legisladores a las reuniones, votaciones y dietas. El proyecto pasó al Senado donde continuará su tratamiento.
Diputados impulsan proyecto para evitar la persecución judicial de periodistas
México
Impacto | Positivo
Probabilidad | Alta
Rating CIVICUS | Reprimido
El 25 de febrero, 19 legisladores de 8 bloques presentaron un proyecto de ley para evitar que el sistema judicial sea utilizado como medio para censurar a los periodistas. La iniciativa incluye reglas para que no se admitan demandas contra periodistas que estén orientadas a limitar la libertad de expresión y mecanismos para evitar pedidos de información sobre las fuentes. El proyecto forma parte, a su vez, de un paquete de propuestas dirigidas a la protección de comunicadores y activistas en el que está trabajando la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados junto a la sociedad civil, periodistas y defensores de los derechos humanos.
El Poder Ejecutivo fracasa en un intento por usar información privada de los ciudadanos
Costa Rica
Impacto | Negativo
Rating CIVICUS | Abierto
El 17 de febrero el Poder Ejecutivo dio a conocer un decreto firmado en octubre de 2019 que habilitaba al gobierno a usar información confidencial sobre las personas para realizar investigaciones y evaluación de políticas públicas. Debido a las críticas de todo el arco político y las denuncias de inconstitucionalidad, el presidente Carlos Alvarado dio marcha atrás con la medida apenas 4 días después de la publicación. Hasta el momento, el gobierno no ha aclarado si durante los últimos meses hizo un uso no controlado de datos personales de la ciudadanía. En las próximas semanas, una comisión especial creada por la Asamblea Legislativa estará investigando estos hechos.
Un proyecto del oficialismo promueve la autocensura periodística en casos de corrupción
Argentina
Impacto | Negativo
Probabilidad | Alta
Rating CIVICUS | Limitado
La senadora oficialista Eugenia Catalfamo busca anular la prisión preventiva cuando la persona acusada sea tratada como culpable por los medios de comunicación antes de la que la justicia emita una sentencia. La autora sostiene que la prisión preventiva se utiliza como forma de persecución política y que los medios han sido funcionales a estas prácticas al magnificar algunos casos e invisibilizar otros. La iniciativa cuenta con el apoyo de 4 legisladoras cercanas a la ex presidenta (hoy vicepresidenta) Cristina Fernández de Kirchner, procesada en varias causas por corrupción. El texto fue rechazado desde distintos medios de comunicación y por la organización de entidades periodísticas.
Avanza proyecto que amplía rol de las fuerzas armadas en seguridad interna
Chile
Impacto | Negativo
Probabilidad | Alta
Rating CIVICUS | Limitado
El 8 de marzo, la Cámara de Diputados aprobó en general una reforma de la Constitución que aumenta la capacidad del Presidente para sacar a las Fuerzas Armadas a las calles cuando esté en riesgo la infraestructura considerada crítica para el funcionamiento del país: servicios de agua, gas y electricidad, comunicaciones y transporte, oficinas gubernamentales, del Congreso Nacional y del Poder Judicial. Ahora el Presidente está obligado a decretar previamente el estado de emergencia por no más de 15 días. Si la reforma se sanciona, podrá hacerlo sin necesidad de decretar el estado de emergencia y por un período de hasta 30 días. El proyecto impulsado por el gobierno fue cuestionado por diputados de la oposición que, según anticiparon, tratarán de introducir cambios durante la discusión artículo por artículo.
Corte frena polémica ley para controlar y limitar a organizaciones sociales
Guatemala
Impacto | Negativo
Rating CIVICUS | Obstruido
El 27 de febrero el presidente Alejandro Giammattei promulgó una ley que permite que el gobierno prohíba el funcionamiento de organizaciones sociales si considera que “alteran el orden público”. También lo habilita para controlar sus flujos financieros. Los responsables de las entidades podrán ser castigados con pena de prisión o inhabilitados por un mínimo de 2 años. La iniciativa, sancionada por el Congreso el 11 de febrero, fue condenada por más de 90 organizaciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU. En respuesta a los recursos legales interpuestos por la sociedad civil, el 2 de marzo la Corte de Constitucionalidad suspendió provisoriamente la sanción de la ley. El gobierno comunicó que respetará la decisión pese a no estar de acuerdo y anticipó que presentará un nuevo proyecto de ley.
Conoce el comunicado que la sociedad civil difundió para frenar la ley.
Voces de la Sociedad Civil
GUATEMALA
EDDIE GARCÍA – Acción Ciudadana
GUATEMALA
“La reforma de la ley de ONGs desincentiva todo esfuerzo de asociación y organización (…), penaliza la organización social y ‘mata’ el voluntariado. Además viene a limitar el accionar de las ONG que se manifiestan públicamente en contra de determinadas acciones políticas”
Ver testimonio completo
NORAYDA PONCE SOSA – Asesora en Cooperación Internacional al Desarrollo
Documentos de Directorio Legislativo
OEA. Elecciones a Secretario General 2020-2025
Haití. Crisis política
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