Como parte de las medidas encaradas frente la crisis sanitaria, al menos 8 países de la región han restringido la posibilidad de acceso a la información pública a través de la suspensión de las actividades de las agencias responsables o de los plazos administrativos de respuesta a las solicitudes. Además de los casos de Brasil y México analizados antes, se encuentran Argentina, Bolivia, El Salvador, Honduras, Perú y República Dominicana. Si bien las agencias responsables de garantizar el derecho de acceso a la información pública continuarán recibiendo los pedidos que se formulen por plataformas digitales, no están obligadas a cumplir los plazos de respuesta de solicitudes y apelaciones.